PRESENTACIÓN PÚBLICA DEL CONCEJO ABIERTO DE SANTANDER

PRESENTACIÓN PÚBLICA DEL CONCEJO ABIERTO DE SANTANDER El CONCEJO ABIERTO DE SANTANDER se presenta públicamente como un foro de vecinos y asociaciones diversas, que tiene como objetivo fomentar la participación ciudadana y conseguir una planificación urbana de Santander al servicio de la calidad de vida de sus habitantes, y no de las ambiciones económicas de los promotores inmobiliarios como ha venido ocurriendo hasta ahora. El Concejo nace como forma de cubrir la necesidad del ejercicio real de los derechos democráticos de la población ante la política de rechazo y exclusión total de la participación ciudadana por parte del equipo de gobierno municipal del Ayuntamiento de Santander, que evita a toda costa que los vecinos puedan informarse, opinar, proponer y decidir sobre aspectos de gran trascendencia y decisivos para el futuro diseño de la ciudad; a fin de no tener dificultades en seguir imponiendo sus proyectos pensados para beneficio exclusivo de una minoría de agentes especulativos. Con los lemas “Otro Santander es posible” y “Santander para vivir”, El CONCEJO ABIERTO pretende conseguir un urbanismo ambientalmente sostenible, social y solidario con el resto del territorio de Cantabria. Por ello, apoya y propone nuevas ideas urbanísticas para que el diseño de la ciudad tenga como objetivo central y prioritario mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Como propuestas concretas formulamos entre otras: 1.- La articulación del espacio urbano en grandes corredores verdes Peñacastillo-La Remonta. 2.- La unificación ferroviaria-Varadero-La Magdalena, vaguada de Las Llamas desde el Sardinero a Cazoña, praderas de la costa norte y senda costera natural 3- La preservación de zonas libres estratégicas excluyendo la construcción en las mismas (Varadero, Estaciones, Frente Marítimo). 4.- Mantener como equipamiento social y zonas verdes los espacios libres que vayan apareciendo en la ciudad consolidada, la distribución de grandes y pequeños parques naturalizados por todos los distritos de la ciudad. 5- El mantenimiento de una importante superficie de suelo rural de reserva en la zona norte. 6- El crecimiento de la ciudad con densidades moderadas y establecer un límite realista de crecimiento de población, para no agotar el suelo y los recursos. Para lo cual, la sustitución de los edificios existentes por nuevas edificaciones deberá mantener las alturas y superficies originales, sin incrementarlas. El CONCEJO ABIERTO valora muy positivamente la reciente anulación del Plan General de Ordenación Urbana deSantander, porque ofrece la oportunidad de poder repensar el modelo de ciudad que queremos, cómo se debe de actuar en el futuro, y poner fin a los disparates urbanísticos que se han venido repitiendo en Santander en los últimos 70 años Cabe recordar que desde la celebración de las primeras elecciones municipales democráticas hace 37 años, los partidos tradicionales de la oposición municipal no han priorizado ni procurado el cambio hacia un modelo urbanístico al servicio de los intereses generales de la gran mayoría de la población, sino que han actuado como cómplices pasivos de unas prácticas urbanísticas al servicio de unos pocos, que han ido degradando la ciudad progresivamente. Ha llegado el momento de que todos los partidos de la oposición actúen en coherencia con sus compromiso electorales y demuestren en los hechos si están dispuestos a luchar y poner en práctica un urbanismo democrático y participativo para Santander, o prefieren mantener las actuales prácticas que excluyen y relegan a la población, para priorizan el seguir contemplando el territorio de la ciudad como un mero solar al servicio de los promotores. En coherencia con nuestros objetivos, la presentación pública del CONCEJO ABIERTO constituye la ocasión idónea para presentar públicamente la campaña: “LA REMONTA PARQUE, ¡¡ CONSTRUCCIÓN NO !!” que pretende informar y sensibilizar a la población de la importancia de evitar la masiva construcción de viviendas en La Remonta, y la necesidad de incorporar este espacio estratégico a una red de grandes parques y corredores verdes a establecer en la ciudad. La campaña se apoya en el reparto de miles de folletos informativos, así como la realización de actos participativos para los vecinos en distintos locales de la ciudad. Hacemos un llamamiento a los vecinos de Santander y a la ciudadanía en general, para que tomen conciencia de la importancia de mantener La Remonta libre de edificaciones apoyen esta campaña y se unan a las iniciativas y actos del Concejo Abierto de Santander. Santander 3 de febrero de 2.017 CONCEJO ABIERTO DE SANTANDER

EL CONCEJO ABIERTO DE SANTANDER EXIGE LA REALIZACIÓN DE UN NUEVO P.G.O.U. Y LA DIMISIÓN DEL CONCEJAL CESAR DÍAZ

EL CONCEJO ABIERTO DE SANTANDER EXIGE LA REALIZACIÓN DE UN NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA Y LA DIMISIÓN DEL CONCEJAL CESAR DÍAZ La información dada por el concejal de Infraestructuras Urbanismo y Vivienda, Cesar Díaz de las consecuencias que va a tener para la ciudad la anulación del Plan General de Ordenación Urbana de Santander de 2012, recogida por la prensa el pasado 23 de enero, constituye un lamentable ejercicio de echar balones fuera eludiendo la responsabilidad del equipo de gobierno municipal del PP que elaboró el Plan General anulado por el Tribunal Supremo al achacar la causa de esa anulación a motivos externos como la sentencia que había anulado el proyecto de Bitrasvase Ebro–Besaya-Pisueña. Todo el discurso del concejal de Infraestructuras Urbanismo y Vivienda Cesar Díaz, va encaminado a un doble objetivo: en primer lugar evitar el debate sobre el modelo urbanístico de crecimiento de la ciudad de Santander; en segundo lugar intentar amedrentar a la población a cuenta de unas supuestas consecuencias desastrosas para la economía de la ciudad derivadas de la anulación del Plan General, presionando de esta manera al Gobierno regional para que en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2017, se incluyan unas Disposiciones Transitorias que, modificando sin debate la actual Ley de Ordenación territorial y Urbanismo, permitan la ejecución de algunas de las actuaciones más especulativas previstas en el PGOU de 2012. Antes de su anulación por el TS, el PGOU de 2012 había sido fuertemente contestado por los vecinos de los barrios afectados por unas Áreas Especiales de actuación que suponen en muchos casos el derribo de las actuales viviendas y la expulsión de los actuales habitantes en beneficio de los intereses de unos pocos promotores inmobiliarios: El Pilón, Prado San Roque, Río de la Pila, etc. son solo algunos ejemplos. El Plan General anulado suponía la práctica desaparición del espacio libre de La Remonta, macizado por 1.300 viviendas más y 41.500 m2 de actividades comerciales. Suponía, así mismo, una enorme operación especulativa al calificar como urbanizables los suelos rústicos del litoral norte sobre los que no se puede edificar por aplicación de la Ley de Costas y del POL, otorgando a sus propietarios la edificabilidad en otros ámbitos y desarrollando una ciudad sin espacios libres al computar a estos efectos los terrenos del litoral norte muy alejados de los barrios en los que realmente va a vivir la población. La información dada por el concejal, pretendiendo asustar a la ciudadanía, ( actitud esta que no estamos dispuestos a permitirle), con que la anulación del Plan General pone en peligro la realización de algunos proyectos de interés social no es más que una tapadera para intentar ocultar lo realmente grave y en lo que él tiene responsabilidad directa. A lo largo de estos últimos cuatro años Cesar Díaz se ha destacado como el más inflexible y contumaz defensor público del Plan General ahora anulado que suponía la completa destrucción de las posibilidades del desarrollo de Santander como ciudad sostenible y un ataque frontal a la calidad de vida de los santanderinos. El concejal no ha dudado, en defensa de su Plan, en enfrentarse por ello a diversas asociaciones y colectivos de vecinos con descalificaciones generalizadas lo que ha puesto de manifiesto su incapacidad técnica y la falta de respeto a los ciudadanos, su escaso talante democrático. Como máximo responsable político de la realización y defensa del Plan anulado, Cesar Díaz debe seguir el mismo destino que su plan: asumir su responsabilidad política y dimitir, por haber defendido y mantenido un Plan que era ilegal, y ser responsable de las negativas consecuencias y problemas que se derivarían para la calidad de vida de los habitantes de Santander de la ejecución de ese Plan Es el momento de diseñar un nuevo Plan General con amplia participación ciudadana y al servicio de los intereses vitales de la ciudadanía de Santander, que tenga como objetivo fundamental una ciudad para vivir, y no el seguir manteniendo a Santander como un mero solar para satisfacer la ambición de unos pocos agentes inmobiliarios bien relacionados con el poder político, como ha venido ocurriendo hasta el presente. Hay que recordar a todos los partidos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Santander, que llevaban en sus programas electorales la anulación o revisión del Plan General del 2.012. Ha llegado la hora de pedirles valentía y la hora de actuar coherentemente con lo publicado en sus programas. La anulación del PGOU por el Tribunal Supremo coloca a esos partidos frente a la responsabilidad adquirida con sus votantes. Santander necesita un nuevo Plan General que esté al servicio de los intereses generales de la ciudadanía y que garantice un crecimiento armónico y sostenible de la ciudad y al margen de los intereses de los especuladores Santander a 26 de enero de 2.017 CONCEJO ABIERTO DE SANTANDER

Plata o plomo para las clases populares de Santander

22 de enero de 2017. POR Guillem Ruisánchez

De izquierda a derecha: Sergio Pascual (dirigente de Podemos), Jesús Molinero (arquitecto), Guillem Ruisánchez (El Faradio), Lydia Alegría (Podemos Santander), Ramón Saiz Viadero (historiador) y María José García (vecina de El Pilón)

A los vecinos de El Pilón les pasa un poco como a los colombianos en los años 80, la era del narcotraficante Pablo Escobar: plata o plomo; o aceptan el negocio o aceptan las consecuencias.
Y el negocio al que están sometidos consiste en participar de una Junta de Compensación, un instrumento urbanístico que beneficia al propietario mayoritario, porque los costes de urbanización se reparten en proporción entre todos, aunque se quedará con los beneficios de la promoción de nuevas viviendas, mientras que los vecinos individualmente tendrían que volver a hipotecarse.
Estaba así proyectado en el Plan General de Ordenación Urbana – anulado por el Supremo, pero a la espera de decisiones políticas que apuntan hacia los intentos de legalización de lo ya declarado ilegal- el Ayuntamiento les pagaría un “justiprecio” que María José, vecina de El Pilón, enmienda a la totalidad: “no sé por qué lo llaman así, porque ni es justo ni es precio“.
“Renovar es tirar“. Así explica María José García, una vecina de Santander que se ha vuelto experta en urbanismo, por la operación urbanística que amenaza a los vecinos de El Pilón. Están afectados por una Junta de Compensación impulsada por una promotora filial de Bankia.
En el fondo, es un proyecto que trata de borrar del mapa un barrio de casitas, antaño periféricas, en una barriada alta de la ciudad (El Alta, muy cerca de Las Antenas, frente al Regimiento y el funnicular del Río de la Pila. Una zona de la ciudad donde ha mejorado mucho la accesibilidad por las inversiones públicas y donde la iniciativa privada ha puesto el punto: pretenden construir decenas de pisos con vistas a la Bahía y a pocos minutos de las playas.
“Para los – veraneantes- de Valladolid y Madrid”, lamenta María José, que advierte que “nos puede pasar a cualquiera”, justo antes de emocionarse y romper a llorar, al recordar el esfuerzo de su familia para conseguir la casa en propiedad: “Mi madre sacrificó a sus hijas”que su madre “sacrificó” a sus hijas para comprar un piso por el que ahora,
Su intervención conmovedora, impactó al vocal de Podemos en la Comisión de Fomento en el Congreso de los Diputados, Sergio Pascual, durante la charla organizada por este partido en la capital de Cantabria, con el título ‘Urbanismo en Santander: pasado, presente y futuro’.
Pascual tiene como misión política marcar al hombre – le placaría si estuviera a su alcance, porque en su día jugó al rugby en el Ciencias de Sevilla- , al titular del Ministerio, al inquilino del Palacio de Zurbano: ni más ni menos que el exalcalde de Santander durante la última década, el tiempo en el que se ha pergeñado la intervención de El Pilón y hasta 88 actuaciones más de renovación (renovar es tirar).
Los vecinos de El Pilón, como los del Cabildo, Tetuán, Prado San Roque, Peñacastillo y Nueva Montaña, Cueto, Monte o San Román, han tenido que estudiar un máster de urbanismo obligado, sólo para proteger sus propios intereses de los planes de la administración y determinadas élites económicas, financieras e inmobiliarias, fundamentalmente.

“EL BANCO CONTROLA EL URBANISMO”

Porque el problema del urbanismo en Santander, como apunta el historiador y periodista Ramón Saiz Viadero, es que “se va a producir la misma historia“, de que unas pocas élites planifiquen y se repartan los mejores emplazamientos de la ciudad mientras expulsan a la periferia a las clases populares, como ocurrió, en el mayor ejemplo de gentrificación conocido, tras el incendio de 1941 que aceleró los procesos de segregación social.
En la actualidad “el Banco controla el urbanismo”, sostiene Saiz Viadero, como se ha demostrado con la imposición de la ubicación del Centro Botín en el muelle de Albareda, y la modificación de los Jardines de Pereda.
Pero es que no es la primera vez. Han unido edificios en el ensanche del SXVIII con un arco (arco-banco), apunta Saiz Viadero, incluso galerías entre el Banco del Paseo Pereda y la Fundación, en la calle Pedrueca, dos calles más al norte de la sede central de la principal entidad financiera del país y de las más grandes de todo el mundo.
La santísima trinidad se funde al sur de la Bahía con el Ojo de Sauron, como se conoce a la torre luminosa con el distintivo en rojo del banco, en el Alto de Solares, donde se ubica el Centro de Proceso de Datos (CPD) rodeado de grandes medidas de seguridad y donde se trazaron dos salidas de la Autovía para conectar la S-10 con la A-8, y para llegar a la puerta del CPD.
“La ciudad es del Banco y el banco controla el urbanismo“, concluye Saiz Viadero, después de un completo relato histórico de la ciudad, desde la Edad Media hasta nuestros días.

“LA PRESIÓN PARA QUE EL PGOU SEA LEGAL ES MUY ALTA”

Le toma en la charla, Jesús Molinero, arquitecto de la Plataforma en Defensa de la Bahía (DEBA), que recurrió la ubicación del Centro Botín a unos tribunales de Justicia que lo desestimaron de manera muy particular (enlace).
Ahora que el Plan General está anulado, Molinero recuerda que “la presión para que este plan – el PGOU de 2012 anulado por el Supremo – sea legal es muy alta”. Un plan que agotaba todo el suelo de la ciudad y que convierte la costa norte en terrenos urbanos, además de convenios urbanísticos en el centro, en zonas tan privilegiadas como el promontorio San Martín, el mejor balcón a la Bahía.
En esa zona norte, muchos años antes de que estallara Lehman Brothers empezaron los movimientos de mercado, como única zona de expansión de la ciudad, que está limitada por Bezana y Camargo por el este y por el mar, por su Bahía de Santander, por el sur. movimientos de mercado.
Las propiedades fueron pasando de manos de privados a empresas inmobiliarias y de la construcción, pero con el pinchazo de la burbuja, muchos de esos terrenos han terminado en forma de activos tóxicos, de vuelta a las entidades financieras, que verían mejor equilibrados sus balances si esas parcelas, se edifiquen o no, tuvieran un valor urbano en lugar de rústico.
De manera que, no importa tanto si se van a construir 35.000 viviendas o no, si la ciudad ganará 90.000 habitantes para 2024 como tenía previsto el plan o perderá otros 25.000 en 20 años, como ha pasado recientemente según el Instituto Nacional de Estadística; lo que importa es que el papel, que lo resiste todo, pueda inflar las cifras de los bancos y las constructoras, aunque sea de forma tan ficticia e irreal como el planeamiento que dejó De la Serna, porque el papel lo aguanta todo.
De la misma manera que poco importó en su día si el Aeropuerto de Castellón iba a tener vuelos, o sin ir más lejos, si el Puerto de Laredo iba a tener barcos o atraques vacíos, ni que los 2.500 kilómetros de AVE tuvieran o no pasajeros que hicieran uso de una red de ferrocarril que cuesta mantener 100.000 euros por kilómetro cada año, como apuntaba Pascual.

EXPULSADOS

Y mientras, en la ciudad consolidada, hay vecinos que siguen sin saber que el puñetazo del ladrillo puede caer sobre sus casas. Porque, como sostiene la investigación de El Faradio ‘Expulsados, la transición urbanística pendiente’, muy poco ha cambiado la forma de hacer ciudad desde aquel 1941 en que el régimen de Franco pegó el cambiazo al centro de Santander.
Entonces, aprovechando que el incendio destruyó el centro histórico, la ciudad medieval prácticamente al completo, las primeras élites del franquismo actuaron, allanaron – literalmente al meter la piqueta y modificar la orografía del Cerro de Somorrostro- el gran solar todavía humeante y, finalmente, se lo repartieron.
Y expulsaron a la periferia, al Hipódromo de Cueto, a Campogiro, a La Albericia o al Barrio Pesquero, a la mayor parte de los 10.000 vecinos que perdieron sus casas en el incendio y que no pudieron siquiera alzar demasiado la voz, en un periodo de ajuste de cuentas tras la Guerra Civil.
Como querían los ideólogos de la arquitectura del régimen: la ciudad orgánica. Lo funcional al centro: los poderes político y económico, en la Plaza Porticada, y las clases altas en el entorno de ejes comerciales de pretensiones elitistas; el alma en La Catedral, junto a la iglesia de La Compañía, los únicos edificios rehabilitados tras el incendio (lo demás… renovar, que es tirar y empezar de nuevo) y las extremidades, clases populares o actividades insalubres (fábricas, pescadores…) a la periferia.
‘Expulsados. Santander, la transición urbanística pendiente’ sostiene con las pruebas de la investigación periodística que las élites económicas siguen dibujando el plan de la ciudad a futuro, desde sus despachos, en connivencia con la clase política, mientas las clases populares, de forma menos abrupta pero sostenida, siguen sufriendo la expulsión del centro a la periferia.
Pero también que la transición ha empezado, con voces que piden un urbanismo más dialogado con los vecinos, como apuntó Domingo de la Lastra, incluso un referendum sobre el próximo PGOU, o con el primer microespacio diseñado tras una macro encuesta a los vecinos de Fernando de los Ríos.
Y también hay transición en la protesta, en que los vecinos de ahora, como María José, como los de la senda costera, se pueden plantar y detener las obras de toda una Dragados, de Florentino Pérez, en la ciudad del que fuera ministro de Fomento, Iñigo de la Serna.

LOS VERDADEROS RESPONSABLES DE LA ANULACIÓN DEL PLAN GENERAL DE SANTANDER

LOS VERDADEROS RESPONSABLES DE LA ANULACIÓN DEL PLAN GENERAL DE SANTANDER

Contrariamente a lo manifestado por los responsables municipales, la reciente anulación por el Tribunal Supremo del Plan General de Ordenación Urbana de Santander (PGOU), no ha sido debida a una “causa exterior y ajena” al mismo. Muy al contrario, como señala la propia sentencia del alto tribunal, dicha nulidad se debe a que no está jurídicamente asegurado el necesario suministro de agua para la ciudad y su crecimiento urbanístico previsto en el PGOU, debido otra sentencia anterior del propio Tribunal Supremo que anulaba, a su vez, el Bitrasvase Ebro-Besaya-Pas, dejando en suspenso el futuro suministro de agua a toda la zona central de Cantabria

Así, por mucho que los responsables municipales mantengan, con una evidente carga de victimismo, que la causa de la nulidad del PGOU es “ajena” al mismo, en su afán de eludir cualquier tipo de responsabilidad sobre los efectos de la anulación del PGOU, la realidad es totalmente la contraria, ya que son los miembros del Gobierno Municipal, por su incompetencia y negligencia, los responsables directos de la anulación del PGOU de Santander.

Incompetencia y Negligencia demostrada inicialmente cuando la Audiencia Nacional, en su sentencia de fecha 17 de enero de 2011, anuló el Bitrasvase Ebro-Besaya-Pas dejando en suspenso el futuro suministro de agua a la zona central de Cantabria y a la ciudad de Santander.

Ante esta situación el Ayuntamiento de Santander, en función del “Principio de Cautela”, debería haber introducido diversas modificaciones en el documento del PGOU en previsión de que dicha sentencia fuera ratificada por el Tribunal Supremo. Por el contrario, lo que se hizo fue obviar dicha sentencia y acelerar la aprobación definitiva del PGOU por la CROTU el 29 de septiembre de 2012.

Incompetencia y Negligencia mantenidas posteriormente cuando el Tribunal Supremo, en su sentencia de fecha 18 de diciembre de 2013, ratificó la anterior sentencia de la Audiencia Nacional anulando el Bitrasvase Ebro-Besaya-Pas.

En ese momento, y teniendo en cuenta las consecuencias que se derivan de dicha sentencia (carencia de suministro de agua), el Ayuntamiento de Santander debería de haber revisado o modificado el PGOU, ya que según la Normativa del mismo (Art. 1.1.3 y 1.1.4), estaba obligado jurídicamente a ello. Sin embargo, en un alarde de soberana irregularidad administrativa, nada se realizó, ignorando el contenido y efectos de la sentencia del TS, así como las propias determinaciones del PGOU, que parece obligado recordar que también son de obligado cumplimiento para el Ayuntamiento

De tal forma y manera que debido a la contrastada Incompetencia y Negligencia de su Equipo de Gobierno, la ciudad de Santander ha mantenido su planeamiento urbanístico, como resultado del incumplimiento del propio Ayuntamiento de Santander de su PGOU, en una situación de evidente ilegalidad durante estos últimos tres años. Y todo ello sin que los protagonistas de este desaguisado se den por aludidos y tengan la honestidad de asumir sus responsabilidades.

Es cierto que ahora, como la lecherita del cuento, se quiera recomponer el cántaro roto y recoger la leche derramada, mediante una modificación precipitada de la Ley del Suelo de Cantabria. Nunca esta actuaciones de urgencia han servido para solucionar los problemas creados por una incorrecta actuación de la Administración, sino por el contrario han servido para crear más situaciones de desigualdad y trato discriminatorio entre los afectados, beneficiando a unos pocos y perjudicando a otros muchos. El PGOU de Santander, aprobado en 2012 es nulo en su totalidad y lo que procede es iniciar cuanto antes (con transparencia y participación pública), la redacción y tramitación de un nuevo documento de planeamiento urbanístico, tal y como se proponía en los programas electorales de los diferentes partidos de la oposición municipal y reclaman amplios sectores de la población de Santander

Comunicado del Concejo Abierto de Santander tras la publicación de la sentencia del T.S. sobre el PGOU de Santander

COMUNICADO DEL CONCEJO ABIERTO DE SANTANDER TRAS CONOCER LA SENTENCIA  DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE EL P.G.O.U. DE SANTANDER

Como si un brutal terremoto la hubiera afectado, la futura ciudad de Santander, propuesta en su actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ha quedado virtualmente destruida desde sus cimientos incluso antes de llegar a ser una realidad material.

Para ello, ha bastado que los iniciales rumores de nulidad del PGOU se transformaran en treinta y seis páginas de prosa jurídica, mediante la Sentencia nº 2.392/2016, de la Sección Quinta, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Una Sentencia avalada por el voto unánime de todos los componentes de la Sala y cuyo contenido fundamental es:

“Estimamos el Recurso Contencioso administrativo 528/2012 interpuesto por la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA), contra el Acuerdo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), adoptado en su sesión de 17 de septiembre de 2012, por el que se llevó a cabo la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de Santander (BOC de

29 de septiembre de 2012), que, en consecuencia, anulamos”.

Gracias a este escueto párrafo el Tribunal Supremo pincha la inmensa burbuja de especulación inmobiliaria que gravitaba sobre el futuro de Santander, transformando en humo y esperanza vana, todos los desvelos e intereses puestos en juego por el Ayuntamiento y los operadores inmobiliarios a lo largo y ancho de los ocho años que han transcurrido en la redacción y tramitación del PGOU.

Dadas las circunstancias actuales de crisis económica no es fácil hacer una estimación de los daños producidos por el referido “terremoto”, aunque a nadie se le escapa que las expectativas económicas destruidas son considerables y que esas pérdidas afectarán, con total seguridad, a más de un operador inmobiliario y a alguna entidad de crédito. Por eso no es de extrañar que una vez conocida la Sentencia se hallan alzado diversas voces que, como plañideras obligadas, lloran y se quejan, por diversos motivos, de la actuación de la Justicia. Ocultando, con sus lamentos interesados, la realidad del debate sobre la situación creada por la nulidad del PGOU y sus causas.

Causas de nulidad plena que son bien sencillas, tanto, que en realidad es una sola, tal y como se indica en el propio resumen inicial de la Sentencia: “INSUFICIENCIA DE RECURSOS HÍDRICOS. PREVIA ANULACIÓN JURISDICCIONAL DE PROYECTO Y OBRA DE BITRASVASE DE AGUA, NECESARIA PARA LA SUFICIENCIA DE LOS RECURSOS”.

Bitrasvase del Ebro-Besaya-Pas, que es la infraestructura hidráulica que asegura el abastecimiento de agua a Santander, y que debido a diversas irregularidades en la tramitación ambiental y administrativa de su proyecto, éste fue anulado en 1ª instancia en 2011 por la Audiencia Nacional y declaradas ilegales las obras ejecutadas, posteriormente el Tribunal Supremo en 2013 ratificó dicha sentencia. Sin embargo, a pesar de conocer ambas sentencias, así como sus negativas consecuencias (demolición de las obras y restauración de los terrenos a su estado inicial), ninguna de las administraciones afectadas (Estatal, Autonómica y Municipal) ha actuado con coherencia y prontitud para resolver el problema. Aun hoy es el día que los medios de comunicación nos informan de que son necesarios varios meses para legalizar las obras del Bitrasvase, a pesar de que hoy en día ya es una infraestructura hidráulica absolutamente imprescindible para asegurar el suministro de agua a la actual Ciudad de Santander, por no mencionar su futuro crecimiento, por reducido que éste pudiera llegar a ser en el PGOU de futura redacción, o en las modificaciones que se planteen en el vigente (PGOU del año 1997).

Es esta situación de dependencia, íntima y directa, entre el desarrollo de la ciudad y un suministro adecuado y suficiente de agua (condición expresada con rotundidad, en el propio PGOU anulado, como uno de los “pilares” del crecimiento urbano previsto) la que utiliza el Tribunal Supremo en su sentencia, haciendo valer la necesaria y obligada toma en consideración y cumplimiento, del contenido de sus sentencias, incluso por el resto de los tribunales y todas y cada una de las administraciones afectadas, como se indica en el texto de la sentencia de nulidad del PGOU:

…”Discrepamos, sin embargo, en la consideración que la Sala realiza, con una indebida extralimitación, en el sentido de entender que la razón de decidir de la STS de 18 de diciembre de 2013 ---según se dice, motivación de la evaluación de impacto ambiental del proyecto de Bitrasvase--- “es susceptible de ser subsanada y corregida, sin considerarlo una mera formalidad”. Obvio es que será en la ejecución de aquella STS, el órgano competente de su ejecución --- a la sazón, la Sala de la Audiencia Nacional --- el que tendrá, en su caso, que pronunciarse sobre la ejecución de la STS de 18 de septiembre de 2013.

Más, con independencia de ello, lo cierto es ---aunque por una circunstancia “externa” al PGOU--- que este debe de ser anulado, así como (la) Resolución aprobatoria del mismo. Anulados el proyecto y la obra del Bitrasvase por el Tribunal Supremo, la existencia de recursos hídricos para la ciudad de Santander queda en entredicho, y, su suficiencia, en modo alguno acreditada, con vulneración del artículo 25.4 del TRLA”…

Razonamiento y argumentación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que además de fundamentar la nulidad de la aprobación del PGOU de Santander, no deja de ser una especie de “aviso a navegantes” respecto al cumplimiento de las numerosas sentencias relativas a asuntos urbanísticos existentes en Cantabria.

Parece por ello necesario que, ante todas las situaciones de inseguridad jurídica, así como de ilegalidad urbanística existentes, y teniendo en cuenta que los diferentes ayuntamientos de Cantabria o han revisado recientemente su planeamiento urbanístico o están tramitando su revisión, las directrices y controles de la propia Administración Autonómica sean coherentes y rigurosas, en función del interés general.

Santander 22 de noviembre de 2016