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Vecinos de Antonio Cabezón denuncian el trato "lamentable" del concejal de Obras

"Iremos al barrio cuando queramos y podamos, no cuando queráis vosotros", afirma César Díaz a los vecinos, que llevan meses pidiendo un encuentro para analizar las actuaciones en su barrio

El Plan General contempla para la zona la demolición de dos edificios en los que actualmente viven unas 18 personas.

Europa Press

17/06/2016 - 17:44h

Vecinos del barrio durante un acto de protesta.

Vecinos de las calles Antonio Cabezón y Francisco Giner que han vuelto a concentrarse este viernes para pedir que les reciba el concejal de Urbanismo, César Díaz, con el fin de poder participar en las decisiones que afectan al futuro de su barrio, han mostrado su "enfado" tras conseguir hablar con el edil y con la concejala de Barrios, Carmen Ruiz, por el "trato recibido" por éstos.

En un comunicado, han indicado que, tras concentrarse a la puerta del Ayuntamiento de Santander, han "conseguido hablar" con Díaz y Ruiz "a la puerta del despacho" y "ha dicho que vendrá al barrio cuando quiera y pueda, que no va venir cuando queramos nosotros (vecinos de Santander)".

"Queremos manifestar nuestro enfado por el trato recibido por dos representantes de la ciudad de Santander, no entendemos el porqué de su cerrazón y falta de diálogo con todos nosotros", han indicado estos vecinos en su escrito, así como que este hecho les "lleva a pensar que el plan del Ayuntamiento está cerrado y que no pretender hacernos partícipe de nada".

Los vecinos, que han dicho que no tienen "vinculación alguna con partido político", llevaban los últimos siete días entregando en el Registro Municipal una solicitud dirigida a Díaz y subiéndola a su despacho para que el edil les hiciera "hueco" en su "agenda".

Tras volver a registrar la petición este viernes, los vecinos anunciaban que decidirán las medidas a llevar a cabo a partir de la próxima semana, que "a lo mejor son un poco más fuertes" que las realizadas hasta ahora, según han indicado a Europa Press.

Los vecinos quieren abordar con el responsable de Urbanismo las actuaciones que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) contempla para la zona la demolición de dos edificios en los que actualmente viven unas 18 personas.

Para tratar el futuro de estos residentes y también otras actuaciones previstas como la supresión "de la única plazoleta que tenemos", quieren reunirse con el responsable municipal, para que les explique el proyecto y poder dar su opinión. "Nosotros vivimos allí y conocemos la situación y ellos no".

Los vecinos demandan huertos urbanos, poder aparcar en zona OLA, recogida selectiva, accesibilidad para los equipos de emergencia, etcétera.

La actuación prevista en el PGOU afecta, según el colectivo, a 17 portales de viviendas de la calle Antonio Cabezón y a otros nueve de Francisco Giner.

Vecinos de Prado San Roque y el nieto de Amparo Pérez, el martes en el Parlamento para hablar del derecho al realojo

Dos vecinos del barrio santanderino de Prado San Roque y Marco Antonio Santamaría, nieto de Amparo Pérez, la mujer de 86 años, ya fallecida, que pugnó con el Ayuntamiento de Santander para evitar ser expropiada de su casa a raíz de la construcción de un nuevo vial de la S-20, expondrán el martes, 17 de mayo, en el Parlamento de Cantabria su postura sobre la reforma de la Ley del Suelo propuesta por el PP para regular el derecho de realojo de los afectados por procesos urbanísticos.

EUROPA PRESS - SANTANDER

14/05/2016 - 11:46h

De esta forma, serán los siguientes en pasar por la comisión parlamentaria que estudia dicha reforma de la Ley del Suelo, según la información consultada por Europa Press.

Las comparecencias arrancarán a las 16.00 horas y el primero en exponer su postura será Miguel Ángel Hoyos, vecino de Prado San Roque, al que seguirá, a las 17.00, Ana Isabel Leal, otra afectada del mismo barrio. A las 18.00 horas le llegará el turno al nieto de Amparo Pérez.

Sin embargo, está previsto que sus intervenciones sean a puerta cerrada al comparecer en la Ponencia de la Comisión, lo mismo que les ha ocurrido a los representantes vecinales del barrio del Pilón y de Prado San Roque y a los técnicos de algunas asociaciones, como ARCA o DEBA, que han pasado ya por el Parlamento para exponer su postura sobre este asunto.

Las comparecencias de responsables políticos sobre este asunto han sido, sin embargo, públicas y su acceso a ellas ha sido abierto a los medios de comunicación y se han retransmitido por internet.

Así fue el caso del alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, que abrió el foro sobre este asunto; el de la vicepresidenta regional y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Polítics Social, Eva Díaz Tezanos; el del consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, o el exconsejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, hoy senador del PP, entre otros.

Las comparecencias de estos tres siguen a las que tuvieron lugar el pasado viernes, las de los técnicos de la Plataforma en Defensa de la Bahía (DEBA) Juan Mantilla y JesúA. Molinero, y del representante de ARCA Carlos Javier García.

DEBA advierte que el PGOU de Santander "condena a derribo" más de 3.000 viviendas

Técnicos de la plataforma aseguran que el plan es "un arma de destrucción masiva, un instrumento de limpieza social para expulsar a los habitantes actuales"

EUROPA PRESS

13/05/2016 - 19:07h

Una de las vecinas afectadas por las expropiaciones en el Barrio de El Pilón. | JOAQUÍN GÓMEZ SASTRE

Juan Mantilla y Jesús A. Molinero, técnicos de la Plataforma en Defensa de la Bahía (DEBA), han pedido al Gobierno de Cantabria que "declare la lesividad" del Plan General de Ordenación Urbana de Santander por sus "consecuencias sociales", y han advertido del "grave problema social que se le viene encima al Ayuntamiento" si no revisa un PGOU que según han dicho, "condena" a derribo más de 3.000 viviendas en 90 unidades de actuación, de las que la mitad están habitadas.

Mantilla y Molinero han comparecido este viernes, a puerta cerrada, en la comisión parlamentaria que estudia la reforma de la Ley del Suelo propuesta por el PP para regular el derecho de realojo de los vecinos afectados por procesos urbanísticos como el proyectado para el barrio de El Pilón en Santander.

El abogado urbanista Juan Mantilla, que representa a los vecinos de ese barrio, ha opinado que la situación generada por el PGOU va a desembocar en "90 procedimientos contencioso administrativos en los que los vecinos afectados, de la que recurren el instrumento de ejecución de la unidad de actuación, ya sea el proyecto de compensación o la expropiación, "van a recurrir indirectamente el plan".

El miembro de DEBA ha advertido que "esta especie de rebelión general" de los vecinos afectados por estos desarrollos urbanísticos para hacer valer sus derechos, "va a salpicar al Gobierno le guste o no", porque la aprobación definitiva del PGOU la hace la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), que es un órgano dependiente del Gobierno.

Mantilla ha afirmado que el PGOU es "un arma de destrucción masiva, un instrumento de limpieza social para expulsar a los habitantes actuales" de barrios como El Pilón, "y sustituirles por capas sociales con más poder económico que puedan adquirir las viviendas que se van a construir allí".

"Una bomba de relojería"

En el caso concreto de El Pilón, ha denunciado que la construcción de 140 viviendas en un espacio donde ahora hay 42, es "una verdadera aberración que no se justifica bajo ningún punto de vista urbanístico".

El abogado ha considerado que una norma específica para regular en detalle el derecho de realojo "es necesaria y útil, y puede tener validez incluso con efectos retroactivos". Pero ha insistido en revisar el plan, porque es "una bomba de relojería".

En este sentido, ha señalado que el problema no se reduce a El Pilón, dado que hay 90 unidades de actuación, si bien por ejemplo la de San Martín "sí tiene garantizado curiosamente el derecho de realojo".

Mantilla ha recalcado que todos los partidos políticos salvo el PP se comprometieron en sus programas electorales a revisar el PGOU, y ha denunciado la "falta de voluntad política", ya que "ni se está instando la revisión del PGOU" en el Pleno de la Corporación, "ni por parte del Gobierno se está aceptando la posibilidad de declarar lesivo el PGOU, y hacer una paralización cautelar de l plan en los aspectos más lesivos desde el punto de vista social y de conservación de la estructura urbana".

Problema social con dos caras

Por su parte, el arquitecto urbanista Jesús A. Molinero ha explicado que la Ley del Suelo de Cantabria permite aumentar, sin límites, los aprovechamientos en el suelo urbano no consolidado donde están previstas estas 90 unidades de actuación, para facilitar las operaciones de reforma interior y hacer frente a los costes, que incluyen no solo la urbanización de las calles y los servicios, sino también "todo el problema de realojo y retorno de los vecinos", algo que el Ayuntamiento "no ha tenido en cuenta" y que "conviene que rectifique", ha dicho.

Molinero ha advertido que "el grave problema social que se le viene encima al Ayuntamiento" tiene "dos caras", "porque cuando hay esos problemas con los vecinos, los promotores no entran, con lo que hay muchos visos de que se bloquee el sector de la construcción en Santander", ha opinado.

Por lo que respecta al caso concreto de El Pilón, ha dicho al Ayuntamiento "que no engañe a la gente, que eso sigue en marcha porque no lo ha parado, e incluso el promotor podría pedir en este momento" la aprobación por "silencio positivo".